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Emmanuel Ameth Noticias
Salvado por el Fobaproa, ahora Banamex quiere vender su negocio al consumo en México
El banco del grupo Citi sigue una estrategia en la que ya no interesan los pequeños clientes pese a las millonarias ganancias que les han dejado e incluso a un rescate bancario que fue pagado con dinero del pueblo
Foto: Archivo | El Economista
Economía
Hace 23 años legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) —fuerzas políticas que ahora han conformado una alianza electoral— aprobaron el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un rescate que los mexicanos seguirán pagando hasta el 2070; una de las empresas beneficiadas, Banamex, ha anunciado que quiere salir del mercado mexicano en el sector de productos al consumo pese a haber sido beneficiada con el Fobaproa y a haber obtenido millonarios dividendos.
Así, Banamex, que fue salvado con dinero del pueblo, ya no está interesado en hacer negocios con el groso de la población, sólo con los grandes inversionistas.
El Fobaproa fue una iniciativa presentada por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) para ’rescatar’ a bancos y empresas privadas en México, luego de que se desatara la deuda por la serie de factores socio-económicos arrastrados de la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El costo del Fobaproa fue del 14.5% del PIB del país y el 60% de los recursos para el rescate bancario fueron públicos.
En diciembre de 1982, cuando asumió la Presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, la deuda externa ascendía a 100 mil 384 millones de dólares. En 1987, el equipo de Carlos Salinas, Pedro Aspe y Ernesto Zedillo dirigió la economía con el Pacto de Solidaridad Económica.
En ese momento, Salinas ya era candidato presidencial y el país se hallaba al borde de la hiperinflación. Con dicho pacto se buscaban nuevos acuerdos con los representantes del trabajo, los negocios y los campesinos, pero una vez que se instaló como Presidente de México, comenzó la privatización de Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana e incluso Telmex.
Fue el 17 de mayo de 1990, luego de una reunión de banqueros con el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe, cuando se anunció la reprivatización de la banca tras casi 10 años de ser propiedad del Gobierno: se vendieron 18 instituciones bancarias en subastas en un periodo de 13 meses por 39 mil millones de pesos entre el 7 de junio de 1991 y el 16 de julio de 1992.
El dinero fue a un fondo de contingencia para reducir deuda. Sin embargo, aquí comenzaron a repercutir los fallos. Los grupos de banqueros se prestaron dinero entre ellos para comprar los bancos, por lo que el capital no existía: eran millonarios créditos cruzados.
Cuatro años después, el 20 de noviembre de 1994, tras la bomba política del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, Salinas, Zedillo y Aspe decidieron posponer la devaluación. Sólo 11 días después tomó la banda presidencial Ernesto Zedillo y ya en la Presidencia hizo el ajuste cambiario ’en medio de un desplome de las reservas internacionales por un ataque especulativo. Con la devaluación, la deuda de nuevo se disparó’.
El entonces Presidente Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, en la que pidió que el Congreso —entonces de mayoría priista— reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.
Así, Banamex, que fue salvado con dinero del pueblo, ya no está interesado en hacer negocios con el groso de la población, sólo con los grandes inversionistas.
El Fobaproa fue una iniciativa presentada por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) para ’rescatar’ a bancos y empresas privadas en México, luego de que se desatara la deuda por la serie de factores socio-económicos arrastrados de la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El costo del Fobaproa fue del 14.5% del PIB del país y el 60% de los recursos para el rescate bancario fueron públicos.
En diciembre de 1982, cuando asumió la Presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, la deuda externa ascendía a 100 mil 384 millones de dólares. En 1987, el equipo de Carlos Salinas, Pedro Aspe y Ernesto Zedillo dirigió la economía con el Pacto de Solidaridad Económica.
En ese momento, Salinas ya era candidato presidencial y el país se hallaba al borde de la hiperinflación. Con dicho pacto se buscaban nuevos acuerdos con los representantes del trabajo, los negocios y los campesinos, pero una vez que se instaló como Presidente de México, comenzó la privatización de Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana e incluso Telmex.
Fue el 17 de mayo de 1990, luego de una reunión de banqueros con el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe, cuando se anunció la reprivatización de la banca tras casi 10 años de ser propiedad del Gobierno: se vendieron 18 instituciones bancarias en subastas en un periodo de 13 meses por 39 mil millones de pesos entre el 7 de junio de 1991 y el 16 de julio de 1992.
El dinero fue a un fondo de contingencia para reducir deuda. Sin embargo, aquí comenzaron a repercutir los fallos. Los grupos de banqueros se prestaron dinero entre ellos para comprar los bancos, por lo que el capital no existía: eran millonarios créditos cruzados.
Cuatro años después, el 20 de noviembre de 1994, tras la bomba política del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, Salinas, Zedillo y Aspe decidieron posponer la devaluación. Sólo 11 días después tomó la banda presidencial Ernesto Zedillo y ya en la Presidencia hizo el ajuste cambiario ’en medio de un desplome de las reservas internacionales por un ataque especulativo. Con la devaluación, la deuda de nuevo se disparó’.
El entonces Presidente Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, en la que pidió que el Congreso —entonces de mayoría priista— reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.
El negocio de Citigroup
En mayo de 2001, Citigroup realizó la mayor adquisición de una compañía mexicana –lamentó esta sección en aquellos días que un banco nacional pasaba a control extranjero, después de que había sido salvado de la quiebra por el Fobaproa, con dinero de los contribuyentes–. Citi pagaría 12 mil 500 millones de dólares por Grupo Financiero Banamex-Accival. La operación se haría con este esquema: 6 mil 250 millones de dólares en efectivo y el resto en acciones. Los analistas de Wall Street recibieron la noticia con comentarios favorables y consideraron el precio adecuado. Judah Kraushaar, de Merrill Lynch, emitió una nota diciendo que calculaba que Citigroup estaba pagando 28.46 pesos por cada acción de Banacci, lo que suponía una prima de 43 por ciento respecto al valor del día de las acciones. La operación era “excelente tanto desde el punto de vista estratégico como financiero”. Los principales accionistas del grupo financiero que vendió Banamex fueron Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú. Saltaron de inmediato a la lista de Forbes. La operación se realizó sin pagar impuestos, como recordó recientemente el presidente López Obrador en una mañanera.
Han transcurrido 20 años desde que Citigroup compró Banamex por 12 mil 500 millones de dólares. En los medios se dice que ahora podría venderlo hasta en 15 mil millones. ¿Cómo es eso? Año con año ha venido informando a sus accionistas y clientes acerca de su impresionante crecimiento, sus importantes ganancias, la expansión de sus negocios, ¿y su valor sólo ha aumentado 2 mil 500 millones de dólares? El tema podría ser sólo de interés para el vendedor y el probable comprador; sería el caso de un despistado e inexperto grupo financiero (Citigroup) que vende ‘barato’. (No mamen.) Sin embargo, tiene implicaciones de carácter fiscal. No es lo mismo pagar impuestos sobre 15 mil millones de dólares que sobre una cantidad mayor que podría reflejar el valor real. Ya en una ocasión Banamex se vendió eludiendo el pago de impuestos, habrá que estar pendientes del final de la historia.
México cerró 2021 con un récord en salida de capitales de inversionistas extranjeros; la cifra fue de 257 mil 601 millones de pesos, es el mayor registro, superó la marca de 257 mil 239 millones de 2020, según información del Banco de México. Tiene una explicación: llegaron ríos de dólares a comprar Cetes y otros valores del gobierno mexicano cuando la tasa líder del banco alcanzó al nivel de 8 por ciento anual, ganaron a manos llenas y comenzaron a huir conforme bajó. Se conocía a México como el campeón del carry trade, que consiste en traer dinero barato para ganar con tasas de interés altas.
Cerca de 300 mil millones de pesos en utilidades netas (más los jugosos pagarés Fobaproa, la voluminosa cuan permanente devolución de impuestos, la abierta violación de la legislación bancaria nacional, los no pocos negocios paralelos y la impunidad garantizada por el gobierno en turno) no resultaron suficientes ni convincentes para los dueños de Banamex, quienes han puesto a la venta esa institución, fundada en 1884, pero en manos de la trasnacional estadunidense Citigroup desde 2001.
Los hasta ahora dueños de Banamex ya preparan su venta “al mejor postor” por medio del mercado mexicano de valores, con la intención de evadir al fisco (como lo hicieron en 2001, con la complacencia de Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, los especuladores bursátiles nacionales que se quedaron con la institución gracias a la reprivatización salinista de la banca en 1991-1992), de tal suerte que la autoridad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe estar a las vivas con este tipo de maniobras, mismas que, a lo largo de los años, han sangrado al erario.
De acuerdo con el comunicado divulgado por Citigroup, la decisión de vender Banamex “forma parte de una nueva visión estratégica global y no guarda relación con las perspectivas económicas de México”, de tal suerte que pone a disposición de los interesados todo lo relacionado con esa institución financiera: “marca, banco, sucursales, cajeros, Afore” y demás, sin dejar a un lado el espléndido cuan voluminoso acervo cultural acumulado a lo largo de casi 140 años de existencia.
Entonces, la trasnacional se va, pero no se va, puesto que sus directivos han anunciado que “operará con una nueva licencia bancaria en México que se concentrará en atender a grandes corporativos y a gestionar la inversión de clientes con grandes fortunas” ( La Jornada, Julio Gutiérrez), es decir, para Citigroup el segmento “pobre” de su clientela mexicana –a la que le brinda un pésimo servicio y le cobra hasta por respirar– no le deja suficiente ganancia, por mucho que represente “seis de cada 10 pesos de sus ingresos en el país” (ídem).Con información de Montserrat Antúnez | SIN EMBARGO, Enrique Galván Ochoa | LA JORNADA, Carlos Fernández-Vega | LA JORNADA
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