El manejo presupuestal del Seguro Popular en los anteriores gobiernos fue destinado a pagos improcedentes, en ocasiones no transfirieron los rendimientos generados por las cuentas de transferencia, hubo dinero que no ejercieron, entre otros; siendo este un negocio para los prianistas por lo que desviaron cerca de 77 mil 606 millones 110 mil 168 pesos, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión de 2008 a 2018 arrojó que en algunos años se llegaron a registrar hasta 15 mil 500 millones de pesos que no se utilizaron para los fines para los que fueron destinados o de los que no fue posible comprobar su uso.
Los estados con mayor número de irregularidades en ese periodo son, en primer lugar, Veracruz con 14 mil 052 millones 583 mil 397 pesos; Jalisco con 10 mil 141 millones 748 mil 067 pesos; Estado de México con 8 mil 170 millones 887 mil 483 pesos: Chiapas con 5 mil 892 millones 138 mil 048 pesos y Guerrero, con 4 mil 795 millones 405 mil 558 pesos.
El Gobierno de Veracruz estuvo encabezado por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, ambos del Revolucionario Institucional (PRI), además de Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Acción Nacional (PAN). En tanto, en Jalisco, gobernaron el panista Emilio González Márquez y el priista Aristóteles Sandoval Díaz.
En el periodo de referencia, al frente del Estado de México estuvieron Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, todos del PRI; en Chiapas, Juan Sabines Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Además, en el caso de Guerrero, el Gobierno estuvo en manos de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Guerrero, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como Héctor Astudillo Flores, del PRI.
Al país lo gobernaron Felipe Calderón Hinojosa, segundo Presidente del PAN, y Enrique Peña Nieto, quien regresó la Presidencia al Revolucionario Institucional, luego de 12 años de dominio blanquiazul.
Esas administraciones, tanto las federales como las estatales, permitieron que los sistemas de salud tuvieran un manejo desordenado del presupuesto del Seguro Popular, que provocó incluso que no se le presentaran a la Secretaría de Hacienda la documentación comprobatoria del gasto y seguir operando sin ninguna alerta a pesar de que se violaban hasta cinco leyes en materia.
Esa fue una de las observaciones más recurrentes de la Auditoría Superior de la Federación, pero no las únicas. En sus documentos, por ejemplo, se registra que se dejaban de entregar informes, que no había modo de comprobar recursos, que se reservaron informes trimestrales de avances financieros y tampoco sobre el personal contratado.
También se detectó un mal manejo en el dinero de las adquisiciones, las oficinas no contaron con mecanismos adecuados de control interno, no se presentó el resultado de las evaluaciones ni si éstas se realizaron, la información que se reportó a Hacienda no coincidió con los registros contables y se contrató a personal, con dinero del Seguro Popular, que no trabajó para el programa y otro que ni siquiera trabajó o que ya estaba dado de baja.
Además se encontraron fallas en el manejo y compra de medicamentos, como pagos por medicina a un costo superior, no hubo control adecuado de la entrada y salida de las medicinas, tampoco de la baja y destrucción de medicamentos caducos y hasta faltaron comprobantes de cumplimiento de proveedores
Los 77 mil 606 millones fueron etiquetados por la ASF como montos por aclarar y pendientes a recuperar. Su origen fue de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. Se fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). Daniela Barragán | SIN EMBARGO
